Maestro en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), de la Procuraduría General de la República (PGR). Licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental. Se desempeñó como servidor público en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Poder Judicial de la Federación. Colaboró en el despacho “González–Salas”, firma especializada en Materia Penal. Actualmente es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C. y egresado del programa en Alta Dirección de Empresas que imparte el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), de la Universidad Panamericana (UP). Fue certificado por la California Western School of Law, en San Diego, en la Academia de Destrezas en Litigación. Participante en el Seminarium Internacional Senior Executive Leadership Program, impartido en Yale School of Management en New Haven.

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González Obregón & Abogados, S.C., es una firma especializada en materia penal y fiscal. La conforma un selecto grupo de abogados líderes en su área. Se mantienen en preparación y actualización constante para brindar un servicio de calidad a sus clientes, tanto nacionales como internacionales en temas penales y fiscales. Gracias a ello, González Obregón & Abogados, S.C., se posiciona dentro de las más prestigiadas firmas especializadas en estas dos áreas.

La firma es parte de importantes cámaras de comercio, entre ellas, la British Chamber of Commerce (BCC), la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, A.C. (CAMEXA) y la Cámara de Comercio de Canadá en México (CANCHAM). Cabe destacar que los socios que integran la Firma son miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).  

En esta ocasión Revista Potencial Humano se complace en contar con la presencia de Adrián González, socio fundador de la firma González Obregón & Abogados, S.C.

Es un privilegio tener a una persona con las cualidades y el conocimiento de Adrián; pocos abogados sepreocupan como él por la protección genuina del contribuyente, con el firme propósito de hacer que sus empresas funcionen correctamente y logren conseguir sus objetivos, además de defender al mismo tiempo al sistema tributario financiero. Está convencido de su obligación para hacer a un lado la subcontratación (tema últimamente muy mencionado) con el fin de lograr erradicar los delitos en materia tributaria, razón por la que a continuación tocaremos temas selectos.

Adrián, ¿qué es la política de delitos fiscales y financieros?

Cuando hablamos de la política criminal de delitos fiscales y financieros, nos referimos al método para proteger en el sentido más amplio y de manera estratégica al sistema tributario financiero, en el que cabe destacar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Púlico debe protagonizar su injerencia.

Ahora y de acuerdo a tu respuesta, ¿cómo entender a la política criminal en este ámbito?

La podemos entender partiendo desde dos vertientes, “la vía de la prevención”, que se da a través del análisis para la identificación de nuevas tipologías en delitos fiscales y financieros, y de esta manera, poder combatirlos a través de reformas y adiciones a la ley penal; y a través de “la vía correctiva”, esta es muy interesante, ya que es ahí donde el abogado con conocimientos hacendarios toma un papel importante, porque actúa en coadyuvancia desde la investigación de delitos en materia tributaria hasta la misma sentencia de estos.

De esta manera queda claro y se puede entender que, más allá de encargarse del cobro de impuestos y contribuciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se convierte en garante del sistema tributario al desarrollar funciones de vigilancia para asegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales a través de la fiscalización, investigación, imposición de sanciones administrativas y de la coadyuvancia en procesos penales.

En este mismo tenor, debemos destacar la intervención de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que es la encargada de allegarse de datos de prueba durante la investigación de conductas probablemente delictivas, llevando el proceso conjunto y la organización a través de la Dirección General de Delitos Fiscales, la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, y la Dirección General de Control Procedimental, entidad que debe darle seguimiento procesal a los casos en coadyuvancia con el Ministerio Público.

Muy bien, entoces, ¿cómo se traduce la política criminal tributaria? 

Básicamente con las adiciones y reformas a la legislación penal. Estas permiten que se pueda reprochar al administrador único de la persona moral, la obligación de impedir la consumación o puesta en peligro de delitos fiscales dentro de la empresa. Estas mismas reformas han sido bondadosas con los operadores del sistema penal, a quienes se les dificultaba anteriormente computar la prescripción de estos delitos, pero ahora, por el contrario, a través de las figuras de preclusión y prescripción pueden precisar el desarrollo del proceso.

Y, ¿cómo medir el impacto que los autores de estos delitos cometen?

Para medir este impacto de “las” y “los” autores de delitos fiscales y financieros, obligatoriamente se debe considerar el daño que causan a la sociedad de acuerdo a su modus operandi, puesto que existen autores que actúan de manera profesional y otros que lo hacen en menor medida o impacto financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que la delincuencia profesional debe ser tratada con mayor severidad, por la afectación que provocan al planear e impactar millonariamente al sistema de recaudación del país, un claro ejemplo de gran impacto son las  empresas que solicitan la devolución millonaria del valor agregado a través de la simulación de operaciones comerciales a tasa cero del IVA. Esto no quiere decir que a los contribuyentes que cometen conductas no especializadas, no se les deba perseguir, sino que estas conductas deben ser tratadas mediante estrategias de prevención.

Muy claro Adrián. Finalmente, ¿puedes decirnos en qué radica y cuál es el papel del abogado penalista/fiscal?

Por supuesto. Mira, ahora que hemos puntualizado y dejado en claro que la autoridad es consciente y se sabe sensible de recibir amenzas que buscan defraudar al fisco mediante simulaciones por organizaciones criminales a través de suplantadores que amparan operaciones fiscales fingidas, se debe destacar que las reformas y adiciones a la ley establecen la facultad de investigar de manera simultánea los delitos de defraudación fiscal y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ahora también conocemos el concepto que el legislador le da a los “recursos”, definiéndolos como cualquier beneficio obtenido contrario a la ley. Luego entonces lo que hizo el legislador fue prever en la ley que las empresas usuarias de comprobantes fiscales inválidos puedan corregirlos; es justamente esa área

en donde el profesional del derecho penal y fiscal, asesora y reconduce a la persona moral para no convertirse en objeto de investigaciones por actos simulados para efectos fiscales, evitando de esta manera su criminalización oficiosa y por qué no decirlo, aprovechando la buena fe de la política criminal tributaria. Es en este punto de inflexión, en donde el abogado con conocimientos hacendarios y penales, funge como auxiliar de los contribuyentes y a la vez del sistema de recaudación fiscal del país, anteponiendo la protección de ambos.