Hoy más que nunca la ciencia de datos puede ser un arma poderosa y eficaz contra la pandemia, sin embargo, hay que tomar en cuenta que no violente la privacidad y los derechos humanos.

En la contingencia que trajo el COVID-19, se tiene la creencia de que la ciencia podría ser de gran ayuda para contener el número de contagios mediante la lectura y el uso de la tecnología móvil, ¿de qué manera? Pues a través de los dispositivos telefónicos: crear rutas de dónde, durante cuánto tiempo, con cuántas personas convivieron, con cuántas estuvieron en contacto y a través de qué vías.

Pensando de manera optimista, si ese grupo de personas se cruzara con datos sobre la epidemia o con el historial clínico de alguna población, los datos podrían ayudar a tener una idea sobre la ruta de los contagios o la rapidez con la que se propaga la enfermedad; y también se podrían calcular las posibilidades que tiene cierta región de contagio y qué medidas serían las necesarias para evitarlo.

Todo esto podría hacerse sin duda alguna, pero existe un problema que es importante: se trata de la privacidad que tienen los usuarios y del acceso a su información personal, pues dichos mapas darían con exactitud la previsión necesaria, pero por desgracia esto no es posible.

Aunque la tecnología esté de alguna manera al alcance de todos, se tendría que hacer un monitoreo a personas en específico para tener acceso a su historial clínico, grupos sanguíneos, direcciones y otros datos que son confidenciales. Todo va en contra de los principios de confidencialidad y el uso de datos personales.

Esto ocurre solo en algunos países pues existen otros que sí hacen uso de este recurso tecnológico de rastreo y compartición de datos, un ejemplo de ello es China. Este país se auxilió del big data para contener, limitar y prácticamente desaparecer los brotes epidémicos en su territorio. El gobierno chino con ayuda de Alipay y WeChat (dos de las aplicaciones más famosas del país) crearon unos códigos de color —verde, amarillo y rojo— que les permitía a los ciudadanos moverse dentro de la ciudad (entrar o salir de ella) con un conocimiento del riesgo de contagio.

Esto fue de gran ayuda para las autoridades porque les permitía monitorear a los enfermos y los casos sospechosos, y regulaban permisos de desplazamiento. Cabe mencionar que toda dinámica va en contra de los derechos humanos; que el Estado vigile desde el fondo a los ciudadanos con la intención (o pretexto) de controlar la epidemia.

En Europa se hizo lo mismo pero con el programa llamado Rastreo de Proximidad Paneuropeo con Preservación de Privacidad (PEPP-PT, por sus siglas en inglés). En este programa a diferencia que en China, se recopilan datos de voluntarios que quieran compartir su información a través de bluetooth y conservar el anonimato. Todo con el fin de controlar la movilidad de las personas y disminuir el contagio.

Google ha liberado sus informes de movilidad donde muestra los datos de diferentes poblaciones y la forma en la que se están desplazando. Los datos de México, por ejemplo, muestran que los usuarios han reducido las visitas a las tiendas departamentales y autoservicios en un 45%, a los parques un 46% y al transporte público un 47%. Además, se han creado bases con los más de 145 mil mensajes recibidos en el centro de ayuda por la enfermedad (https://www.google.com/covid19/mobility).

Toda esta información puede ayudar a construir mapas de flujo de personas y calcular probabilidades de contagio en ciertos lapsos. Y es justamente lo anterior lo que el Gobierno de la CDMX ha puesto en práctica, guardar la confidencialidad de los datos y usarlos de manera transparente.

Lo más importante es la salud pública y las soluciones apropiadas conllevan discreción en el uso de información privada, así como evitar cualquier dinámica que esté por encima de los derechos fundamentales de los seres humanos.