Debido a el gran esfuerzo que se ha llevado a cabo para lograr la erradicación de la violencia de género, el acoso y el hostigamiento sexual, se ha implementado una iniciativa de hacer oficial y obligatoria la norma referente a la igualdad laboral y no discriminación, beneficiando a las mujeres en diversos sectores sociales.
En 2015 se publicó por primera vez en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, una certificación voluntaria para las empresas públicas y privadas que fue creada con el trabajo conjunto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
En conferencia de prensa con la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos destacó que existe una gran necesidad por hacer obligatoria y oficial esta norma para la administración pública federal y las empresas privadas.
Para lograr esto se necesita tener un trabajo en conjunto de la Secretaría de Economía con Trabajo y Previsión Social para que esa norma se impulse desde ahí, y así todas las empresas que laboran con estas entidades se sumen.
Esta norma tiene como objetivo propagar entre las empresas públicas y privadas una serie de requisitos que los lleve a la igualdad laboral, tanto entre hombres y mujeres como entre las personas discapacitadas y otros grupos, de tal manera que las condiciones de trabajo sean las más sanas y libres de cualquier tipo de discriminación.
Dicha norma se involucra desde el proceso de reclutamiento, capacitación y selección del personal, para lograr sin problema alguno un clima con igualdad salarial y de prestaciones. Cabe destacar que las condiciones de la norma siguen sin ser obligatorias, son más bien una certificación opcional que se compone de 14 estrategias, con las cuales cada una de las empresas se tienen que comprometer a cumplirlas, y para esto son sometidas a una evaluación que consta de un total de 100 puntos.
Las empresas interesadas tienen que llenar una cédula de registro, así como firmar una carta compromiso para trabajar en los 14 requisitos, de los cuáles cinco son obligatorios, aunque a partir de los 70 puntos finales las instituciones pueden obtener su certificado.
Los requisitos más importantes con los que deben contar son: tener una política de igualdad laboral y no discriminación; contar con un grupo o comité que vigile las prácticas de igualdad laboral; tener proceso de reclutamiento y selección libre de discriminación; realizar auditorías internas y medir el clima laboral.
En el caso de los parámetros que no son obligatorios se encuentran la existencia de un código de ética; la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones; procesos de ascenso y permanencia con igualdad; métodos de ascenso y permanencia con igualdad; al igual que un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral.
Dentro de este apartado también se encuentran estrategias como utilizar lenguaje incluyente, realizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal; tener accesibilidad a los centros de trabajo; y contar con mecanismos para atender la discriminación y violencia laboral.
Hay que mencionar que las tres entidades públicas que impulsaron la norma son las que integran el comité para su promoción y aplicación, así como para asesorar y capacitar a las empresas para que logren su certificación, aunque ésta tiene que ser evaluada más adelante.
Es necesario que se realice dicha auditoria para lograr la certificación, y esta se lleva a cabo por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), con el fin de evitar actos de corrupción por parte de los organismos públicos. Una vez obtenido el certificado, este tiene una vigencia de cuatro años y a los dos años de la certificación se realiza una auditoria de seguimiento, con el fin de que los centros de trabajo avancen en el cumplimiento de los requisitos.
Hasta el momento no existen sanciones para las empresas que no cumplan con estos requisitos, puesto que es una certificación voluntaria, además que son las empresas las que pagan la auditoría y demás trámites; pero si se llega a convertir en una medida obligatoria podría haber un listado de castigos.
Hasta el momento son 410 las empresas públicas y privadas que cuentan con esta certificación, la cual tiene distintos niveles: bronce, plata y oro; que se otorga con base en los 70 puntos mínimos y una calificación en las medidas de inclusión y acciones afirmativas.
El catálogo de medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas son: la integración del personal con al menos el 40% de un mismo sexo; 40% de mujeres en puestos directivos; tener al menos 5% de trabajadores con discapacidad; contar con figura mediadora atender las prácticas de discriminación y violencia; así como realizar actividades para la fomentar la igualdad.
En temas de acoso y hostigamiento laboral, sabemos que la norma ayudará a generar condiciones de mayor respeto, igualdad de oportunidades y de una mayor colaboración entre las personas que conforman las plantillas laborales.
