2026: El año en que México redefine su certeza jurídica

Una mirada narrativa al nuevo ciclo regulatorio, económico y social que marcará el futuro empresarial del país

Por Raúl Zárate Torres, abogado especialista en derecho corporativo y público

Un amanecer jurídico distinto

Enero de 2026 no se siente como un año más dentro de la inercia institucional mexicana. Tiene algo de frontera; un punto intermedio entre lo que éramos hace una década y lo que estamos obligados a convertirnos si queremos permanecer competitivos en un entorno global que ya no concede segundas oportunidades. Tras la transición política de 2024 y los ajustes institucionales de 2025, el país se despierta con un cuestionamiento central que recorre despachos jurídicos, juntas directivas y reuniones con inversionistas: ¿será este el año en que México logre consolidar verdadera certeza jurídica para empresas, trabajadores y ciudadanos?

La respuesta, aunque todavía no definitiva, comienza a asomarse en varios frentes. Las reformas judiciales, la reconfiguración regulatoria, la fiscalización intensiva, el nearshoring en su segunda etapa y la irrupción normativa de la inteligencia artificial generan un entramado que obliga a repensar la forma en que han operado tradicionalmente las empresas mexicanas. Y, al mismo tiempo, revelan algo inesperado: estamos frente a una oportunidad histórica para modernizar de fondo el ecosistema legal del país.

La narrativa empresarial de años anteriores se centraba en la cautela. La de 2026, en cambio, gira hacia la anticipación estratégica. Ya no se trata solo de cumplir con la ley, sino de comprender cómo funciona un nuevo modelo jurídico que parece consolidarse en tiempo real.

La reforma judicial: un camino que se recorre mientras se construye

Pocas cosas han generado tanta conversación como la profunda transformación del Poder Judicial. Aunque los cambios iniciaron en 2024, es en 2026 cuando sus efectos se sienten plenamente en los tribunales, en la práctica jurídica cotidiana y, sobre todo, en la percepción de actores económicos. No se trata únicamente de modificaciones administrativas internas o nuevos modelos de carrera judicial; el verdadero impacto está en la manera en que esos cambios repercuten en decisiones, tiempos y criterios.

Para las empresas, la pregunta que domina en este arranque de año es una mezcla de pragmatismo y urgencia: ¿qué tan predecible será litigar en México durante los próximos meses? La estabilidad interpretativa es clave para cualquier inversión. Los abogados corporativos lo saben bien: un tribunal que tarda en definir criterios desencadena una cadena de incertidumbres que afectan contratos, financiamiento, fusiones e incluso operaciones cotidianas.

Ante esta realidad, el rol de la prevención jurídica toma un peso decisivo. El despacho legal tradicional —que intervenía cuando el problema ya había explotado— da paso a un esquema en el que el abogado corporativo se convierte en estratega, analista de riesgos y arquitecto del cumplimiento normativo. La prioridad es evitar que el conflicto llegue a tribunales, especialmente en un momento en que el sistema aún está calibrando sus engranes.

Este cambio de mentalidad modifica la relación entre empresa y derecho. La interpretación creativa, la improvisación y el “nos ajustamos después” pierden sentido. Gana terreno una cultura de documentación robusta, contratos más elaborados, esquemas de evidencia anticipada y estrategias internas de solución temprana de controversias. El derecho, más que un escudo, se convierte en una brújula.

Regulación económica y fiscalización: un Estado más presente

Al mismo tiempo que el Poder Judicial se transforma, las autoridades administrativas también adoptan un rol más activo. El 2026 comienza con un gobierno que no necesariamente aumenta impuestos, pero sí redobla esfuerzos para fiscalizar, supervisar y verificar. La digitalización masiva de los últimos años ha permitido que la información fluya con mayor rapidez, que los datos se crucen en segundos y que la autoridad detecte inconsistencias que antes pasaban desapercibidas durante años.

En este nuevo escenario, la fiscalización ya no depende únicamente de discrepancias contables; ahora se basa en patrones de comportamiento, trazabilidad de operaciones, análisis de proveedores, monitoreo de nóminas y correlación entre productividad y declaraciones. Las auditorías se desarrollan con mayor precisión y menos margen para errores involuntarios. La autoridad utiliza herramientas de análisis automatizado que permiten detectar riesgos en empresas de todos tamaños, desde grandes corporativos hasta microempresas familiares.

Este entorno genera presión, sí, pero también introduce un sentido de profesionalización que muchos expertos consideran necesario. México vivió por décadas en una cultura empresarial donde las pequeñas desviaciones eran toleradas socialmente. 2026 marca el umbral en el que las reglas comienzan a aplicarse de forma pareja, lo que obliga a las organizaciones a asumir la formalidad no como una obligación incómoda, sino como un requisito de supervivencia.

Esto se refleja en sectores como energía, telecomunicaciones, transporte, servicios financieros, salud y alimentos, donde la regulación adquiere una dimensión casi quirúrgica. Las empresas que no incorporen desde sus primeros pasos una estructura seria de cumplimiento encontrarán más difícil navegar este entorno.

Nearshoring 2.0: la oportunidad que solo aprovechará quien cumpla

El nearshoring fue, para México, una bocanada de aire fresco en un entorno global convulso. Pero lo que comenzó como un reacomodo geopolítico hoy se ha transformado en algo mucho más sofisticado. La primera etapa se caracterizó por la llegada de empresas atraídas por la ubicación estratégica del país, la mano de obra especializada y la proximidad con Estados Unidos. Sin embargo, la segunda etapa —la que realmente definirá a los países ganadores— implica estándares más estrictos.

Hoy, los inversionistas ya no solo preguntan por incentivos fiscales o disponibilidad de parques industriales. Preguntan por seguridad jurídica local, transparencia en permisos, eficiencia administrativa, estabilidad laboral, sustentabilidad real y cumplimiento riguroso de las obligaciones medioambientales. El nearshoring 2.0 exige que los estados mexicanos garanticen ventanillas únicas transparentes, plazos efectivos para licencias, sistemas de digitalización confiables y tribunales administrativos funcionales. No bastan discursos: las empresas buscan resultados tangibles, verificables.

Este cambio también afecta profundamente el entorno laboral. Las reformas en materia de subcontratación, la democratización sindical y la supervisión bajo el T-MEC han creado un escenario en el que la representatividad de los trabajadores es vigilada de cerca. A su vez, las inspecciones laborales se han vuelto más frecuentes, más técnicas y mejor documentadas. Para muchas organizaciones, esto implica la obligación de desarrollar políticas reales de seguridad, igualdad, bienestar y resolución de conflictos. No se trata de documentos decorativos, sino de prácticas medibles.

En paralelo, la sustentabilidad adquiere un rol central. Los mercados internacionales exigen trazabilidad de materiales, reportes de emisiones, control de residuos y criterios de economía circular. Las cadenas globales ya no aceptan proveedores que no cumplan con estándares ambientales. Así, 2026 marca el inicio de una etapa en la que la responsabilidad ambiental es una obligación comercial, no un distintivo reputacional.

La inteligencia artificial y el surgimiento de nuevas responsabilidades jurídicas

Si el 2025 fue el año del debate público sobre la regulación de la inteligencia artificial, el 2026 se convierte en el año en que la responsabilidad jurídica derivada de esta tecnología comienza a tomar forma. Aunque México aún no cuenta con una ley federal integral, distintas dependencias ya han emitido lineamientos sectoriales, criterios de interpretación y obligaciones específicas que afectan directamente a empresas que utilizan herramientas algorítmicas.

La adopción de IA en procesos decisivos —como evaluaciones crediticias, análisis de riesgos, selección de personal, filtros automatizados o servicios al cliente— introduce nuevas interrogantes legales. ¿Quién responde si una decisión automatizada causa un daño financiero? ¿Cómo se evalúa el sesgo algorítmico en un despido o en la negativa de un crédito? ¿Qué ocurre si una empresa utiliza datos personales de forma incompatible con la finalidad declarada?

Los abogados corporativos se ven obligados a aprender conceptos que antes parecían exclusivos de ingenieros: trazabilidad de modelos, transparencia algorítmica, auditorías de sesgo, parámetros de entrenamiento, gobernanza tecnológica. Surgen nuevos puestos, como el legal tech officer o el auditor algorítmico. Las empresas que no se adapten quedarán expuestas no solo a riesgos regulatorios, sino también reputacionales y contractuales.

México se aproxima a un futuro en el que la responsabilidad de la IA no será únicamente un asunto de política pública, sino un componente del derecho civil, laboral, administrativo y de consumo. Ese futuro, aunque en construcción, ya se asoma en este 2026.

Empresas familiares y pymes: el sector que debe transformarse más rápido

Resulta paradójico que las empresas que más contribuyen a la economía nacional sean, al mismo tiempo, las más vulnerables ante los cambios regulatorios actuales. Las empresas familiares y pymes han sostenido por años modelos operativos que hoy se encuentran bajo presión. La digitalización fiscal, las obligaciones laborales, los requisitos ambientales y el cumplimiento en materia de datos personales representan retos que no siempre pueden atender con estructuras administrativas limitadas.

Sin embargo, este 2026 abre una oportunidad para profesionalizarse. La formalización ya no es un ideal aspiracional, sino un requisito indispensable para participar en cadenas de valor internacionales, obtener financiamiento, competir por proveedores globales y ser parte del ecosistema del nearshoring. Las pymes que logren adoptar sistemas digitales de facturación, controles internos claros, contratos actualizados y una cultura básica de cumplimiento estarán mejor posicionadas para crecer.

En contraste, aquellas que mantengan prácticas poco documentadas, registros irregulares o estructuras improvisadas tendrán mayor riesgo de enfrentar sanciones, auditorías o exclusión de alianzas comerciales. Este es el año en que las empresas familiares deben decidir si se profesionalizan o si quedarán rezagadas ante un entorno más exigente.

VII. Derechos humanos, igualdad y clima laboral: estándares más altos para todos

Una tendencia que se fortalece en 2026 es el enfoque de derechos humanos aplicado a la empresa. Esto no es un asunto retórico ni ideológico; es una exigencia concreta de los mercados internacionales, particularmente de grandes corporativos que exigen que sus proveedores cumplan con estándares rigurosos de igualdad, inclusión, accesibilidad y prevención de violencia laboral.

Las empresas mexicanas que buscan competir globalmente deberán demostrar, con evidencia verificable, que cuentan con protocolos reales, sistemas de denuncia funcionales, mecanismos de seguimiento y acciones correctivas. El entorno laboral se convierte en un elemento determinante para acceder a contratos internacionales.

Además, el discurso de bienestar laboral adquiere un matiz jurídico. El estrés, el burnout, el acoso y la discriminación dejan de ser solo temas de recursos humanos y se convierten en causas probables de responsabilidad administrativa, laboral y civil.

2026, el año para construir certeza jurídica desde la inteligencia empresarial

México inicia 2026 con múltiples desafíos, pero también con una oportunidad singular: redefinir su marco jurídico con visión de futuro. Las empresas que entiendan que la certeza jurídica se construye, que el cumplimiento es una inversión estratégica y que la sustentabilidad, la transparencia y la tecnología son parte inseparable del derecho moderno, serán las que lideren el camino.

El país puede crecer, competir y transformarse. Pero ese camino solo será transitable para quienes reconozcan que el entorno legal ya cambió y que la anticipación vale más que la improvisación. Este año no es simplemente uno más en el calendario institucional de México: es un punto de inflexión. Un llamado a modernizar procesos, fortalecer estructuras y adoptar un enfoque jurídico que no solo reacciona al cambio, sino que lo abraza y lo dirige.

En este sentido, 2026 será recordado como el año en que las empresas mexicanas decidieron no esperar a que la certeza jurídica llegara… sino construirla ellas mismas.

 “La certeza jurídica ya no se espera: se construye desde la estrategia empresarial y el cumplimiento inteligente.”

 “El nearshoring 2.0 exige resultados verificables, no discursos: solo las empresas con prácticas sólidas de cumplimiento podrán competir globalmente.”

 “En 2026, la prevención jurídica deja de ser un lujo y se convierte en la brújula que define la estabilidad y el crecimiento de cualquier organización.”