Presiones externas, costos internos y el impacto silencioso en la estabilidad política y económica de México en 2026
Artículo por Javier Jaramillo
Febrero de 2026 encuentra a México en una posición compleja, incómoda y estratégicamente delicada. A poco más de un año del inicio simultáneo de las administraciones de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, la relación bilateral se ha convertido en un ejercicio permanente de contención, donde cada gesto de cooperación es seguido por una nueva exigencia y cada avance operativo parece insuficiente para satisfacer a Washington.
Desde la óptica de la Casa Blanca, el diagnóstico es reiterativo: el narcotráfico sigue siendo una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos y México, que es visto no solo como vecino, sino como eslabón crítico del problema. Desde Palacio Nacional, en cambio, el énfasis ha estado en subrayar la cooperación histórica entre ambos países, los decomisos récord, la captura de objetivos prioritarios y la inédita entrega expedita de figuras emblemáticas del crimen organizado.
Sin embargo, en política —y particularmente en la relación con Donald Trump— los hechos no siempre pesan tanto como las señales.
La exigencia de “más colaboración”, repetida una y otra vez por el presidente estadounidense, no tiene una definición técnica ni un parámetro público. No se expresa en métricas claras ni en objetivos verificables. Es, más bien, una consigna política que funciona como herramienta de presión constante y que coloca al gobierno mexicano en una posición de defensa permanente.
En el fondo, Trump no parece estar reclamando solo más decomisos o más detenciones. Lo que exige es una demostración inequívoca de control. Control territorial, control institucional y, sobre todo, control político.
Ahí es donde el dilema de Claudia Sheinbaum se vuelve especialmente delicado.
“Combatir al crimen organizado también implica decidir quién paga el costo político.”
Durante su primer año de gobierno, la presidenta ha mostrado una ruptura evidente con la estrategia de seguridad de su antecesor. El abandono tácito del paradigma de “abrazos, no balazos” y el fortalecimiento de la acción del Estado han sido bien recibidos por amplios sectores sociales y empresariales, ansiosos de certidumbre. No obstante, ese viraje también ha dejado al descubierto una realidad incómoda: la expansión del crimen organizado no ocurrió al margen del poder político, sino que se infiltró en estructuras locales, redes económicas y liderazgos partidistas.
Para Trump, ese es el punto neurálgico. La narrativa que insiste en que el narcotráfico mantiene relaciones intolerables con sectores del gobierno mexicano no busca únicamente justificar una postura dura hacia el exterior; también funciona como una advertencia. Mientras esas relaciones no sean confrontadas abiertamente, cualquier colaboración será considerada insuficiente.
Desde esta perspectiva, el verdadero “golpe en la mesa” que espera Washington no es militar, sino político. Un golpe que implique procesos legales, deslindes públicos y costos internos reales para el partido en el poder.
“Trump no exige métricas; exige señales políticas de control absoluto.”
Pero ahí reside el mayor riesgo para Sheinbaum.
Actuar con contundencia contra figuras políticas vinculadas al crimen organizado fortalecería su liderazgo institucional y enviaría una señal clara de gobernabilidad hacia los mercados y la comunidad internacional. Al mismo tiempo, abriría un frente de conflicto dentro del propio movimiento que la llevó al poder, donde las lealtades, los equilibrios y las disputas internas siguen teniendo un peso determinante.
Para el sector empresarial, este dilema no es menor. La estabilidad política, el Estado de derecho y la claridad en la conducción del país son variables esenciales para la inversión, la planeación de largo plazo y la confianza económica. Una presidenta fortalecida frente al crimen organizado reduce riesgos estructurales; una presidenta atrapada entre presiones externas y resistencias internas prolonga la incertidumbre.
“El mayor riesgo para Sheinbaum no está en Washington, sino dentro de su propio movimiento.”
Febrero de 2026 no es, por tanto, un momento de definiciones espectaculares, sino de decisiones silenciosas. La relación con Trump seguirá siendo tensa, impredecible y, en ocasiones, estridente. Pero el desenlace no se jugará en llamadas telefónicas ni en declaraciones públicas, sino en la capacidad del gobierno mexicano para demostrar que la lucha contra el crimen no tiene zonas grises ni intocables.
En última instancia, la pregunta ya no es qué más quiere Trump de México, sino qué está dispuesta a pagar la presidenta Sheinbaum para demostrar que el poder civil manda sobre el criminal. Esa factura —política, institucional y económica— será la que marque el rumbo del país en los próximos años.
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