Combate a la evasión, fortalecimiento aduanero y fiscalización estratégica marcan la nueva etapa del SAT rumbo a 2026
Artículo por Raúl Zárate Torres
El incremento de la recaudación federal en 2025 representa mucho más que un buen resultado contable. El aumento de 4.8% en términos reales —equivalente a 487 mil 446 millones de pesos adicionales— confirma que el gobierno federal ha optado por una ruta fiscal distinta a la tradicional: recaudar más sin elevar impuestos, cerrando espacios a la evasión y a la simulación que durante años erosionaron las finanzas públicas y distorsionaron la competencia económica.
Con una recaudación total que alcanzó los 6.045 billones de pesos, el dato envía una señal clara al sector empresarial: la política fiscal actual no busca ampliar la carga tributaria formal, sino corregir prácticas que permitieron a ciertos actores reducir artificialmente sus obligaciones fiscales. En ese sentido, el énfasis puesto por la presidenta Claudia Sheinbaum en el combate a las factureras y empresas fantasma marca un punto de inflexión. Estas estructuras, lejos de ser anomalías marginales, han operado como engranajes centrales de esquemas de evasión que afectan tanto la recaudación como la equidad del sistema.
“Recaudar más sin subir impuestos implica cerrar los espacios donde la evasión se convirtió en una ventaja competitiva”
La compra y venta de facturas para evitar el pago de ISR, IVA o IEPS no solo debilita al erario; genera un entorno de competencia desigual donde las empresas cumplidas enfrentan desventajas frente a quienes operan en la simulación. Atender este fenómeno implica, por tanto, una corrección estructural del mercado, no únicamente una medida recaudatoria. La evasión deja de verse como un problema técnico para asumirse como una forma de corrupción privada que impacta directamente en la capacidad del Estado para financiar infraestructura, servicios y políticas públicas.
Un elemento especialmente relevante en este nuevo escenario es el desempeño de las aduanas. En 2025, la recaudación aduanera representó el 27.1% de los ingresos tributarios netos y registró un crecimiento real del 16% respecto a 2024. Este avance refleja un esfuerzo sostenido por recuperar control en uno de los puntos históricamente más vulnerables del sistema fiscal. Subvaluación de mercancías, contrabando técnico, incumplimiento de regulaciones no arancelarias y devoluciones improcedentes han sido prácticas recurrentes que hoy se colocan bajo mayor escrutinio. Para el sector empresarial, esto implica un entorno más ordenado y predecible en el comercio exterior.
“El combate a las factureras no es una medida punitiva, sino una corrección estructural del mercado”
La proyección para 2026 refuerza esta narrativa. Con una recaudación estimada de 6 billones 448 mil millones de pesos —un crecimiento real de 4.6%— el mensaje es de continuidad y disciplina. No se anticipan aumentos de impuestos, pero sí una fiscalización más inteligente y focalizada. La estrategia del SAT de realizar auditorías mediante muestreos representativos responde a una lógica de eficiencia institucional: concentrar recursos en contribuyentes con mayores riesgos de incumplimiento, como aquellos con pérdidas fiscales recurrentes, vínculos con factureras o nomineras, abuso de estímulos fiscales o discrepancias entre ingresos reales y declarados.
Asimismo, la atención a operaciones internacionales, el uso de paraísos fiscales y las importaciones con precios por debajo del valor de mercado alinea a México con estándares globales de combate a la erosión de la base tributaria. Este enfoque no solo fortalece las finanzas públicas, sino que contribuye a generar mayor confianza en el entorno de negocios, al reducir espacios de opacidad y competencia desleal.
“Un sistema fiscal más equitativo fortalece tanto al Estado como a las empresas que apuestan por la legalidad”
En el fondo, el momento fiscal que vive México plantea un replanteamiento profundo para el sector empresarial. La rentabilidad ya no puede descansar en la evasión o la simulación, sino en la productividad, la eficiencia y el cumplimiento normativo. El combate a las factureras se convierte así en un mensaje de largo alcance: el crecimiento económico sostenible exige reglas claras, piso parejo y corresponsabilidad fiscal. Si esta estrategia se mantiene con consistencia técnica y sin sesgos políticos, puede sentar las bases de una relación más madura entre el Estado y la iniciativa privada, donde pagar impuestos deje de percibirse como una desventaja competitiva y se asuma como un componente esencial de estabilidad y desarrollo.
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