En marzo de 2026, el debate ya no es si debe aumentar, sino cómo garantizar que el incremento fortalezca el empleo, la productividad y la dignidad laboral sin comprometer la estabilidad económica
Salario mínimo en México: entre la justicia social y la sostenibilidad económica
Por el Dr. Alejandro Montiel Rivas, abogado laboralista y constitucionalista
Marzo siempre es un mes de evaluación en el ámbito empresarial. El primer trimestre cierra y las organizaciones comienzan a medir impacto, ajustar presupuestos y revisar estrategias. En ese contexto, el salario mínimo vuelve al centro de la conversación pública y privada.
Hablar del salario mínimo no es solo hablar de cifras; es hablar de justicia social, de competitividad empresarial y de la relación entre Estado, empresa y trabajador. Es también hablar de una transformación histórica que México ha vivido en los últimos siete años.
De política de contención a política de recuperación
Durante más de tres décadas, el salario mínimo en México estuvo prácticamente congelado en términos reales. Su función dejó de ser la de garantizar el sustento básico de una familia para convertirse en un ancla macroeconómica contra la inflación.
Sin embargo, a partir de 2019, con la nueva política de recuperación salarial impulsada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), el paradigma cambió. Para 2026, el salario mínimo general se ubica en 272.07 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte alcanza los 419.88 pesos diarios.
“El salario mínimo en 2026 es 272.07 pesos diarios; en la Zona Libre de la Frontera Norte asciende a 419.88 pesos”
En términos nominales, el incremento acumulado desde 2018 supera el 150%. En términos reales —es decir, descontando inflación— el crecimiento ha sido significativo, aunque más moderado.
El dato duro es contundente: México dejó de tener uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina. Hoy se encuentra en un punto intermedio en la región, aunque todavía lejos de economías como Chile o Uruguay.
El fundamento constitucional
El salario mínimo no es una concesión gubernamental; es un mandato constitucional. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia en el orden material, social y cultural.
Durante años, este mandato fue ignorado en la práctica. La recuperación reciente ha intentado alinear la norma con la realidad.
“Desde 2018, el salario mínimo ha acumulado un incremento superior al 150% en términos nominales”
Desde el punto de vista jurídico, el incremento sostenido del salario mínimo fortalece el principio de progresividad de los derechos humanos. El Estado no solo puede, sino que debe avanzar gradualmente en la garantía de mejores condiciones laborales.
Pero aquí surge la pregunta clave: ¿hasta dónde es sostenible?
Impacto en la pobreza laboral
Uno de los principales argumentos a favor del aumento ha sido la reducción de la pobreza laboral. De acuerdo con cifras oficiales, millones de trabajadores que antes no podían adquirir la canasta básica con su salario hoy se encuentran en mejores condiciones.
En 2018, el salario mínimo cubría poco más del 80% de la línea de bienestar individual urbana. En 2026, el salario mínimo general ya rebasa el 100% de esa línea.
Esto significa algo fundamental: quien percibe el salario mínimo formal ya no debería encontrarse, por definición estadística, en pobreza laboral extrema.
No obstante, el desafío persiste en la informalidad. Más del 50% de la población ocupada en México trabaja en condiciones informales. Allí, el salario mínimo legal no necesariamente se respeta ni impacta directamente.
El temor empresarial: inflación y empleo
El sector empresarial ha manifestado históricamente dos preocupaciones: inflación y desempleo.
En términos inflacionarios, la evidencia de los últimos años muestra que los incrementos salariales no han detonado espirales inflacionarias descontroladas. México ha mantenido niveles relativamente estables dentro del rango objetivo del banco central.
En cuanto al empleo, los datos muestran que la tasa de desocupación se mantiene en niveles históricamente bajos, alrededor del 3%. No se ha observado un colapso del mercado laboral derivado del incremento salarial.
“Más de 6 millones de personas han dejado de percibir un salario mínimo en condiciones de pobreza laboral desde el inicio de la política de recuperación salarial”
Sin embargo, el impacto no es homogéneo. Las micro y pequeñas empresas enfrentan mayores presiones, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como comercio y servicios.
El problema, desde una óptica jurídica y económica, no es el salario mínimo en sí mismo, sino la estructura productiva del país.
Productividad: el eslabón pendiente
Un salario mínimo elevado sin crecimiento en productividad genera tensión estructural.
México enfrenta un reto profundo: su productividad laboral ha crecido a ritmos modestos durante la última década. Si el salario real crece por encima de la productividad, el margen empresarial se reduce o se traslada al consumidor.
Por eso, el debate en marzo de 2026 no debería centrarse en si el salario debe subir, sino en cómo elevar la capacidad productiva del país.
Digitalización, capacitación, innovación y formalización son las verdaderas variables estratégicas.
Zona Libre de la Frontera Norte: un laboratorio económico
La creación de la Zona Libre de la Frontera Norte marcó un punto de inflexión. Con un salario mínimo significativamente más alto (419.88 pesos diarios en 2026), la región se convirtió en un experimento económico.
Lejos de provocar una fuga masiva de empleos, la región ha mostrado dinamismo industrial, particularmente en manufactura y exportación.
El diferencial salarial ha ayudado a reducir la brecha con Estados Unidos y a contener la migración laboral interna.
Desde el punto de vista jurídico, esta diferenciación regional es válida siempre que se justifique por condiciones económicas específicas, como lo ha hecho la autoridad laboral.
Salario mínimo y negociación colectiva
Un fenómeno interesante es que el salario mínimo ha dejado de ser un referente aislado para convertirse en piso real de negociación.
Muchos contratos colectivos han ajustado tabuladores para evitar la “compactación salarial”, es decir, que trabajadores con mayor antigüedad o especialización queden apenas por encima del mínimo.
“El verdadero desafío no es subir el salario mínimo, sino elevar la productividad y formalizar la economía”
Esto ha generado una presión positiva hacia arriba en la estructura salarial general.
Marzo de 2026: ¿qué sigue?
En el primer trimestre del año, las empresas ya han absorbido el impacto presupuestal del aumento vigente. La conversación ahora gira en torno a proyecciones para 2027.
El consenso técnico apunta a que los incrementos futuros serán más moderados que los observados entre 2019 y 2024, pero mantendrán la lógica de recuperación real.
La clave será equilibrar tres variables: Inflación, productividad, competitividad internacional.
Una reflexión final
Como abogado laboralista, sostengo que el salario mínimo no es un enemigo de la empresa. Es un indicador de la calidad del pacto social.
Un país con salarios deprimidos no es competitivo; es vulnerable. Pero un país que incrementa salarios sin fortalecer productividad se arriesga a perder estabilidad.
El desafío para México en 2026 no es ideológico, es técnico y estructural.
El salario mínimo ya dejó de ser una cifra simbólica. Hoy es un factor estratégico en la construcción de capital humano, en la reducción de desigualdad y en la consolidación de un mercado interno más sólido.
En la revista Potencial Humano, que en marzo analiza talento, liderazgo y desarrollo organizacional, el mensaje es claro: el salario mínimo no es solo un costo; es una inversión en dignidad, estabilidad social y cohesión económica.
El futuro del trabajo en México dependerá menos de cuánto aumentemos el salario mínimo y más de cuánto logremos aumentar el valor del trabajo.
Y esa, estimados lectores, es una responsabilidad compartida.
Fuentes:
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI)
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
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