En junio de 2025, México celebrará sus primeras elecciones judiciales, donde la ciudadanía elegirá directamente a diversos juzgadores y juzgadoras. Este proceso es resultado de la reforma judicial de 2024, que introdujo la elección popular de jueces y magistrados, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los candidatos a estos puestos serán seleccionados por comités de evaluación conformados por representantes de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada comité evaluará y filtrará a los aspirantes, quienes posteriormente se someterán al voto popular el 1 de junio de 2025.
En un momento clave para el sistema judicial en México, contar con voces expertas es esencial para comprender los retos y transformaciones que enfrenta la impartición de justicia. Hoy tenemos el honor de conversar con la ministra Yasmín Esquivel Mossa, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya trayectoria y compromiso han sido fundamentales en la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país. En esta entrevista, abordaremos un tema de gran relevancia: el proceso de elección de juzgadores y juzgadoras en México, su impacto en la independencia judicial y los desafíos que enfrenta este mecanismo.
Ministra, gracias por su tiempo. Para comenzar… desde su experiencia, ¿cuáles son los principales criterios que deben considerarse para garantizar que los jueces y juezas sean seleccionados por su capacidad, independencia y ética?
Desde mi perspectiva, un aspecto fundamental es que se trate de personas que cuenten con los conocimientos suficientes para el desempeño del cargo, el criterio para la interpretación y aplicación de la ley, por lo que los sistemas de evaluación deberán atender prioritariamente a estos aspectos.
Como lo mencionaste anteriormente Christopher, la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024 estableció la integración de Comités de Evaluación en cada uno de los Poderes de la Unión. Su función es recibir los expedientes de las personas aspirantes y evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Constitución y las leyes. El propósito de este mecanismo es identificar a las personas mejor evaluadas, aquellas que acrediten los conocimientos técnicos necesarios para el cargo y que se distingan por su honestidad, buena fama pública, competencia, así como por sus antecedentes académicos y profesionales en el ámbito jurídico. Este es el mecanismo diseñado por nuestro Constituyente Permanente.
En cuanto a la independencia y un comportamiento ético, puede tenerse una noción de ello con base en los antecedentes que pueda referir y que la ciudadanía conozca y califique al momento de extenderles su voto. Para ello, el INE ha puesto a disposición de la ciudadanía la plataforma CONÓCELES que aporta información sobre la persona, también dentro del proceso se previó la etapa de campaña, la que ahora transcurre, en que las personas tendrán la oportunidad de conocer los principios que sostienen y cómo conciben la función jurisdiccional.
Apostamos por la transformación del Poder Judicial de la Federación, esta nueva integración deberá distinguirse por su independencia de cualquier factor de poder, sea económico o político que trate de inclinar sus decisiones, con un comportamiento ético ejemplar. Personas juzgadoras con la convicción de que la corrupción debe desterrarse de la función jurisdiccional y, con ello, la impunidad que trae aparejada.
En última instancia y con el propósito de prevenir y combatir la corrupción se cuenta con un Tribunal de Disciplina Judicial. Confío en que los Comités han cumplido con su tarea seleccionando los mejores perfiles y que la ciudadanía hará lo propio.
¿Cómo funciona actualmente el proceso de selección de jueces y magistrados en México? ¿Qué etapas o filtros se siguen?
Antes de la reforma constitucional mencionada, la Constitución establecía que el Consejo de la Judicatura Federal era el encargado de nombrar tanto a las personas magistradas como a las y los jueces de Distrito. La Ley de Carrera Judicial regulaba el proceso a través de concursos abiertos o internos, los cuales se iniciaban con una convocatoria que especificaba el número de plazas vacantes, los requisitos y las etapas del proceso. Generalmente, el primer filtro consistía en un examen escrito, y quienes obtenían las mejores calificaciones avanzaban a una segunda etapa, que podía incluir un examen oral o la resolución de un caso práctico.
¿Cuáles son los mayores retos en la selección de juzgadores y qué medidas se han implementado para hacer el proceso más transparente y confiable?
Sin duda, contar con personas juzgadoras de excelencia, con las capacidades necesarias para ejercer la función jurisdiccional, es fundamental. Se requieren jueces humanistas que coloquen a la persona en el centro y prioricen la defensa de los derechos humanos, especialmente de los sectores más vulnerables de la sociedad, como mujeres, niñas y adolescentes, aplicando la perspectiva de género. Asimismo, es imprescindible que los jueces estén comprometidos con la transformación del Poder Judicial, dispuestos a erradicar cualquier rastro de corrupción y a combatir la impunidad.
En cuanto a las medidas para garantizar un proceso transparente y confiable, es importante recordar que el legislador confió el proceso al Instituto Nacional Electoral (INE). Gracias a su experiencia en la organización de procesos electorales y a las herramientas que ha desarrollado en sus diversas áreas técnicas, el INE es sinónimo de transparencia y confiabilidad. Se trata de una institución con gran prestigio y reconocimiento internacional, precisamente porque asegura certeza y transparencia en los procesos a su cargo, dotando de legitimidad los resultados electorales, tal como lo ha demostrado en los múltiples comicios que ha organizado.
¿Qué avances ha habido en la incorporación de mujeres y otros sectores históricamente subrepresentados en el Poder Judicial?
En materia de paridad de género y diversidad, es importante reconocer que los avances han sido limitados. Aunque el Poder Judicial tiene un mandato constitucional en este sentido, hasta ahora no se había establecido un procedimiento que acelerara la representación de las mujeres en los órganos de decisión, como sí lo plantea la reciente reforma al Poder Judicial.
En años recientes, se implementaron algunas acciones afirmativas en las convocatorias para magistraturas y juezas de Distrito, con el objetivo de fomentar una mayor participación de mujeres. Sin embargo, su representación sigue estando lejos de la paridad. Del mismo modo, en algunas convocatorias se incluyeron medidas afirmativas y facilidades para la participación de personas con discapacidad. Con el nuevo diseño normativo incorporado en la reforma, existe la certeza de que lograremos la paridad o, al menos, estaremos muy cerca de alcanzarla.
¿Cómo se garantiza que los jueces y juezas sean independientes en su labor y no estén sujetos a presiones externas, ya sean políticas, económicas o de otro tipo?
La independencia judicial está estrechamente ligada al buen ejercicio de la función jurisdiccional y es, de hecho, uno de los principios fundamentales de la carrera judicial, consagrado en nuestra Constitución junto con otros valores esenciales. Este proceso apuesta por el cambio y la transformación del Poder Judicial, estableciendo requisitos específicos relacionados con la integridad de las personas. Esto permite confiar en que los Comités de Evaluación han puesto especial énfasis en este aspecto.
Asimismo, como mencionamos anteriormente, los ciudadanos no solo tenemos la opción, sino también el deber de informarnos sobre las personas candidatas que aspiran a estos cargos, para así poder optar por los mejores perfiles.
Se trata de un proceso que debe conducirnos a la transformación del Poder Judicial. Por ello, es fundamental que quienes sean elegidos estén comprometidos con sus principios rectores y con la responsabilidad de ejercer su labor con auténtica independencia. Necesitamos jueces humanistas, que comprendan las circunstancias de las personas justiciables y actúen con imparcialidad, sin verse influenciados por intereses económicos o políticos. Su labor debe ser la de combatir la corrupción y la impunidad desde su posición y, sobre todo, impartir una justicia genuina y efectiva.
En el contexto de posibles reformas al sistema judicial, ¿qué cambios considera necesarios para fortalecer la elección de jueces y magistrados en México?
Actualmente se desarrolla el proceso extraordinario 2024-2025 para la elección de las personas juzgadoras que integrarán los órganos cúpula del Poder Judicial y ocuparán la mitad de los cargos de jueces y magistrados. Este nuevo procedimiento tiene la virtud de democratizar la selección, permitiendo que la ciudadanía participe activamente en su conformación y aporte legitimidad al proceso.
Se trata de la primera experiencia bajo estas nuevas reglas, enmarcada en la transformación del Poder Judicial de la Federación, un aspecto clave que debemos tener presente. Una vez concluido el proceso, será posible realizar una evaluación y, de ser necesario, implementar ajustes para garantizar el cumplimiento del objetivo: contar con un Poder Judicial renovado. Sin embargo, en este momento, cualquier valoración resultaría prematura.
Una vez seleccionados, ¿cómo se evalúa el desempeño de los juzgadores y qué mecanismos existen para garantizar su actualización y capacitación constante?
La Escuela Nacional de Formación Judicial, como órgano auxiliar del Órgano de Administración Judicial, tiene el mandato de diseñar y coordinar los procesos de capacitación para las personas juzgadoras. Dado el carácter dinámico de la función judicial, la formación debe ser continua, lo que exige un compromiso permanente con el estudio y la actualización.
Por otro lado, un elemento clave en este nuevo modelo de integración del Poder Judicial es la participación ciudadana. Jueces y magistrados ejercerán su cargo por un período de nueve años y podrán ser reelectos de forma consecutiva al término de su mandato. Sin embargo, deberán competir nuevamente dentro del mismo circuito judicial, permitiendo que la ciudadanía evalúe su desempeño y, en su caso, les otorgue un nuevo período de ejercicio.
¿Qué se puede hacer para que la ciudadanía tenga mayor confianza en que los jueces y juezas son seleccionados de manera justa y están comprometidos con la impartición de justicia?
La clave está en acudir a las urnas el próximo 1 de junio. Como ciudadanos, tenemos tanto el derecho como la responsabilidad de participar en este proceso de selección. Es fundamental conocer a las y los candidatos a cada cargo—para lo cual existen herramientas como la plataforma CONÓCELES, implementada por el INE—y emitir un voto informado y razonado en favor de quienes demuestren las mejores capacidades, así como una trayectoria de integridad y honestidad.
En un mundo donde la justicia enfrenta constantes desafíos, ¿qué la motiva día a día a seguir trabajando por un sistema judicial más sólido y equitativo?
Las mexicanas y los mexicanos son una de mis principales motivaciones, especialmente aquellos y aquellas que pertenecen a sectores vulnerables. Es crucial abordar problemáticas como la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, la violación de los derechos de la niñez, así como las injusticias que enfrentan las personas con discapacidad, los adultos mayores, las comunidades indígenas y afromexicanas. A todas ellas debemos garantizarles el acceso a la justicia y la protección efectiva de sus derechos humanos.
Por otro lado, estoy convencida de la necesidad urgente de transformar nuestro sistema de justicia. Arrastramos profundas deficiencias que han generado desconfianza en la ciudadanía, tales como la corrupción, el nepotismo y el familiarismo. La impartición de justicia ha sido elitista, favoreciendo a sectores del poder económico y político, mientras se deja de lado a quienes no tienen recursos para acceder a una defensa adecuada.
Es esencial que trabajemos por una transformación del sistema judicial, construyendo una justicia de puertas abiertas, equitativa e inclusiva para todas y todos.
Mirando en retrospectiva su trayectoria, ¿qué fue lo que la motivó a estudiar Derecho y dedicarse a la impartición de justicia? Si tuviera la oportunidad de elegir nuevamente, ¿seguiría el mismo camino o exploraría otra área?
Fueron las clases de un profesor abogado las que me cautivaron, al descubrir las enormes posibilidades que ofrece la carrera de Derecho y la oportunidad de ayudar a las personas, especialmente a aquellas que pertenecen a los sectores más desfavorecidos. Vi en esta profesión una forma de servir a mi país desde diversos ámbitos. Esta posibilidad se ha materializado para mí a lo largo de 40 años de servicio público, en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes. De estos 40 años, los últimos 25 los he dedicado a la función jurisdiccional, un área que me conquistó desde mi primer contacto en los Tribunales Agrarios, luego en el actual Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y, hoy en día, como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si pudiera volver a elegir el camino a seguir, sin dudarlo, optaría por la misma ruta de servicio. Ha sido un recorrido arduo, pero lleno de grandes satisfacciones tanto personales como profesionales.
Ministra, agradecemos profundamente su tiempo y la claridad con la que ha compartido su visión sobre el proceso de elección de juzgadores y juzgadoras en México. Sin duda, su experiencia y perspectiva nos permiten comprender mejor los desafíos y oportunidades que enfrenta el sistema judicial. Le deseamos éxito en su labor y confiamos en que su trabajo seguirá contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho.
Agradezco este espacio para dialogar sobre un tema tan trascendental para nuestro país. La justicia es un pilar fundamental de nuestra democracia, y asegurar procesos de selección transparentes que garanticen los mejores perfiles es clave para fortalecerla. Desde la Suprema Corte, seguiremos trabajando para que la independencia judicial y el acceso a la justicia sean una realidad para todas y todos. Gracias por la invitación, por esta conversación tan enriquecedora y por generar estos espacios de reflexión.