Por Javier Jaramillo
A finales de 2025, la reforma al Poder Judicial de México ha entrado en su fase de implementación operacional y sus efectos comienzan a sentirse en el entorno empresarial. Este artículo analiza el panorama actual —a diciembre de 2025— de la reforma judicial impulsada por el Gobierno federal, sus implicaciones para las empresas que operan en México, los retos de seguridad jurídica que están emergiendo, así como recomendaciones estratégicas para el sector privado.
I. Contexto y estado actual de la reforma
La reforma constitucional al Poder Judicial en México, formalmente promulgada en septiembre de 2024, redefinió de raíz el diseño institucional del sistema judicial. Este cambio incluye, entre otros, la elección popular de juezas y jueces, la reducción del número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, y una nueva regulación de los mecanismos del amparo y suspensión de sentencias.
Para las empresas, el momento actual es crítico: la reforma ya está en fase de implementación, y la transición plantea tanto oportunidades como riesgos en términos de gobernanza, litigios, cumplimiento regulatorio y percepción de riesgo-país. Por ejemplo, la reforma comenzó a aplicarse en los tribunales federales con un acuerdo conjunto del órgano administrativo del poder judicial a partir del 1 de septiembre de 2025.
Asimismo, se han identificado desafíos de independencia judicial, transparencia en la selección de jueces y su impacto sobre la inversión y el entorno competitivo.
II. Principales ejes de la reforma y relevancia para el mundo empresarial
A continuación, se abordan los elementos más relevantes de la reforma para el sector privado:
- Elección popular de juezas y jueces
La reforma prevé que los criterios de designación judicial incluyan la elección popular (o mecanismos con mayor componente democrático) de juezas y jueces federales y estatales. Esto modifica la lógica tradicional de nombramiento por méritos y carrera judicial. Desde la perspectiva empresarial, este cambio implica que la predictibilidad de la resolución de controversias podría verse alterada, ya que jueces con menor experiencia o mayor exposición política podrían asumir cargos jurisdiccionales. - Reducción del número de ministros de la SCJN y modificación del amparo
En la reforma se contempla la reducción de la SCJN a 9 miembros, así como una limitación del efecto de las suspensiones de amparo que antes tenían efectos generales. Para empresas con litigios de alto impacto, estos cambios pueden traducirse en mayor incertidumbre sobre la aplicación de normas y la protección de derechos constitucionales en materia de inversión, contratos y regulaciones. - Mecanismos alternativos de resolución de controversias y arbitraje
En un contexto de transición judicial, muchas empresas están redirigiendo su atención hacia el arbitraje, la mediación y otros métodos alternativos de solución de conflictos. Sin embargo, la reforma plantea riesgos a este frente: al debilitarse la independencia judicial, la ejecución de laudos arbitrales podría verse afectada. Para el sector empresarial internacional o que opera en México, esto exige una evaluación más cuidadosa de las cláusulas de resolución de conflictos. - Seguridad jurídica, gobernanza corporativa y riesgo regulatorio
La percepción de que el sistema judicial puede estar más sujeto a presiones políticas o electorales afecta directamente la confianza de inversionistas, la planificación de largo plazo de las empresas y la competitividad del país. Según análisis recientes, la reforma podría reducir el atractivo del país para inversión extranjera si no se gestiona con solidez institucional.
III. Oportunidades y riesgos concretos para las empresas
Oportunidades:
- Empresas con buen gobierno corporativo, transparencia y cumplimiento regulatorio pueden obtener ventaja competitiva: en un entorno de mayor escrutinio judicial, estar preparados es un activo.
- Si la reforma efectivamente reduce la corrupción y mejora la eficiencia judicial, podría disminuir los retrasos y costos de litigios para empresas con contenciosos comerciales.
- La ampliación de mecanismos de solución alternativa de conflictos puede favorecer a quienes estructuren contratos y relaciones comerciales con vistas al arbitraje internacional.
Riesgos:
- Durante la transición operativa de los tribunales, pueden generarse periodos de parálisis, reasignaciones de juzgados y vacíos jurisdiccionales que retrasen decisiones clave para negocios. Por ejemplo, en algunos tribunales federales se suspendieron sesiones entre el 1 y 15 de septiembre de 2025 en ciertos casos.
- La elección popular de juezas y jueces implica un riesgo de politicización judicial, lo que puede conducir a litigios estratégicos (SLAPP), decisiones imprevisibles o mayor litigiosidad frente a intereses empresariales.
- La ejecución de laudos arbitrales o la protección de inversiones pueden verse debilitadas si la percepción internacional del Estado de derecho de México se deteriora.
- Las empresas que no revisen sus contratos, cláusulas de resolución de conflictos o procedimientos internos de compliance pueden enfrentar contingencias mayores en este nuevo marco.
IV. Recomendaciones estratégicas para el sector empresarial
Para las empresas que operan en México o tienen exposición en el país, se recomiendan las siguientes líneas de acción:
- Refuerzo del gobierno corporativo, transparencia y cumplimiento
Independientemente de la reforma, este es el momento de fortalecer estructuras internas: juntas, auditoría, compliance, gestión de riesgos legales. Estar bien preparados internamente reduce el riesgo de verse expuestos en un sistema judicial en transición. - Revisión y actualización de contratos y cláusulas de conflicto
Revisar contratos con proveedores, clientes, socios estratégicos y estructuras de inversión extranjera para incorporar cláusulas robustas de arbitraje, mediación, elección de sede internacional, así como medidas precaucionales ante cambios institucionales en el sistema jurídico. - Evaluación de riesgos legales y escenarios de transición
Elaborar un “mapa de riesgos jurídicos” que contemple escenarios de la reforma: vacíos temporales en tribunales, jueces sin experiencia, demoras, litigios impredecibles, riesgos reputacionales. Implementar planes de contingencia. - Capacitación corporativa y cultura de legalidad
Promover al interior de la empresa una cultura de legalidad, ética y cumplimiento. Esto no solo mitiga riesgos, sino que posiciona a la empresa de forma favorable ante inversionistas, reguladores y el nuevo entorno judicial. - Monitoreo constante del entorno regulatorio y participación institucional
Mantener seguimiento sobre cómo avanza la implementación de la reforma (por ejemplo, cambios al amparo, suspensión de sentencias, ejecuciones arbitrales) y participar —cuando proceda— en foros o asociaciones empresariales que incidan en el diseño de políticas públicas o informen del estado del derecho.
V. Conclusiones
A diciembre de 2025, la reforma judicial en México representa un momento crucial para el entorno empresarial. Su implementación está en curso, y aunque las promesas de un sistema más transparente, eficiente e independiente son bienvenidas, los riesgos derivados de la transición, la posible politización del poder judicial y la incertidumbre institucional no pueden subestimarse.
Para las empresas, la clave no está únicamente en “esperar a ver qué sucede”, sino en prepararse activamente: fortalecimiento interno, revisión de los contratos, anticipación de escenarios y una visión estratégica que incorpore el nuevo entorno jurídico. Estas acciones permiten convertir lo que podría ser un momento de riesgo en una oportunidad competitiva.
En última instancia, un sistema judicial que funcione con independencia, profesionalismo y eficiencia no solo favorece al sector privado, sino también al desarrollo sostenible de México como nación atractiva para la inversión, el crecimiento económico y la innovación empresarial. Las empresas que tomen decisiones claras hoy estarán mejor posicionadas para el mañana en este nuevo tablero.
