Por Eduardo Buitrón Castro / Financiero
La transición hacia una economía menos dependiente del efectivo abre nuevas oportunidades para la banca, las fintech y las empresas. El verdadero desafío será convertir la tecnología financiera en confianza, inclusión y crecimiento económico sostenible
El dinero está cambiando. La economía también debe hacerlo
Durante generaciones, el efectivo ha sido mucho más que un medio de pago en México. Para millones de personas representa una forma inmediata de administrar sus ingresos, controlar sus gastos y realizar transacciones sin depender de una cuenta bancaria, una conexión a internet o una aplicación. En pequeños comercios, mercados, negocios familiares y actividades independientes, los billetes siguen siendo parte esencial de la vida económica.
Sin embargo, la manera de relacionarnos con el dinero está cambiando. Las transferencias electrónicas, las aplicaciones bancarias, las tarjetas y las plataformas financieras digitales han transformado las expectativas de los consumidores. Hoy es posible enviar recursos en segundos, pagar servicios desde un teléfono y administrar una cuenta sin acudir a una sucursal.
Esta evolución está abriendo una nueva etapa para el sistema financiero mexicano. La discusión ya no consiste únicamente en digitalizar los servicios de los bancos, sino en construir una economía donde las transacciones digitales sean accesibles, confiables y útiles para una mayor parte de la población.
En octubre de 2026, el debate cobró relevancia con el impulso de medidas gubernamentales orientadas a digitalizar los pagos y mejorar la trazabilidad de las operaciones económicas. La propuesta de una Ley de Economía Digital, vinculada al Paquete Económico 2027, ha colocado sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿cómo puede México aprovechar la tecnología para formalizar su economía y ampliar la inclusión financiera sin excluir a quienes todavía dependen del efectivo?
“El efectivo no desaparecerá por decreto: la transformación ocurrirá cuando pagar digitalmente sea más sencillo, seguro y conveniente que utilizar billetes.”
La respuesta tiene implicaciones para bancos, fintech, empresas, comercios, inversionistas y autoridades. También exige reconocer que la digitalización del dinero no es un objetivo aislado. Es una transformación que puede modificar la forma en que se otorga el crédito, se administra la liquidez, se recauda, se ahorra y se construyen relaciones comerciales.
La oportunidad es significativa, pero no está garantizada. La tecnología puede hacer más eficiente una economía; para conseguirlo, debe responder a las necesidades reales de las personas y de los negocios.
Los datos revelan una transformación todavía incompleta
México cuenta con una infraestructura financiera capaz de procesar millones de operaciones electrónicas, pero el uso cotidiano de los pagos digitales todavía convive con una fuerte dependencia del efectivo.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), permite dimensionar esta realidad. Entre 2021 y 2024, el uso del efectivo como medio de pago más frecuente en compras de 500 pesos o menos disminuyó de 90.1% a 85.2%. En ese mismo periodo, las transferencias electrónicas o mediante aplicaciones móviles aumentaron de 1.6% a 4.4%.
La tendencia es positiva, pero también revela la magnitud del reto: incluso con una mayor disponibilidad de herramientas digitales, el efectivo continúa dominando las compras cotidianas de menor importe.
En las compras superiores a 500 pesos también se observa un avance. El uso frecuente del efectivo pasó de 78.7% en 2021 a 73.5% en 2024, mientras que las transferencias electrónicas o mediante aplicaciones avanzaron de 2.8% a 7.6%.
“La infraestructura de pagos de México ya opera a gran escala; el siguiente reto es lograr que más personas y negocios la utilicen en su vida cotidiana.”
Estas cifras muestran que el cambio no depende exclusivamente de la existencia de tecnología. Las personas necesitan encontrar motivos concretos para utilizarla, desde reducir los tiempos de espera hasta simplificar sus operaciones, tener mayor control de sus recursos o evitar riesgos asociados con el traslado de dinero.
El panorama de inclusión financiera también ofrece señales relevantes. Según el comunicado conjunto de la CNBV y el INEGI publicado en marzo de 2025, ocho de cada diez personas adultas tenían al menos un producto financiero formal en 2024, considerando cuentas de ahorro, crédito, seguros o ahorro para el retiro. La proporción de mujeres con algún producto financiero fue de 72.8%, frente a 80.9% de los hombres.
Tener un producto financiero, sin embargo, no significa utilizarlo de manera cotidiana ni contar con todas las herramientas necesarias para administrar las finanzas personales. La inclusión efectiva requiere acceso, uso frecuente, comprensión de los productos y mecanismos de protección que permitan operar con confianza.
Para la industria financiera, la lectura es clara: el siguiente capítulo de crecimiento no dependerá solamente de abrir cuentas, sino de lograr que las personas encuentren valor en utilizarlas.
Una infraestructura que ya mueve la economía
Uno de los activos más importantes de México para acelerar esta transición es el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), operado por el Banco de México.
Esta infraestructura permite transferir recursos electrónicamente entre cuentas de instituciones participantes y constituye una pieza central de los pagos digitales del país. Sobre ella se apoyan distintos servicios que facilitan el envío de dinero, incluidos mecanismos como Dimo, que permite utilizar el número de teléfono celular asociado a una cuenta, y CoDi, que utiliza códigos QR y notificaciones para facilitar los pagos.
La escala de operación es considerable. De acuerdo con las estadísticas del Banco de México, durante septiembre de 2026 el SPEI registró más de 835 millones de operaciones. Esta magnitud muestra que las transferencias electrónicas ya forman parte de la infraestructura cotidiana de la economía mexicana.
El desafío consiste en llevar esa capacidad a más situaciones de consumo y actividad empresarial. Una transferencia entre dos personas puede ser sencilla, pero la adopción de pagos digitales en pequeños comercios requiere resolver otros factores: costos de aceptación, facilidad de uso, conectividad, conciliación de ingresos, atención a incidentes y disponibilidad de recursos.
Para un negocio pequeño, recibir pagos digitales puede reducir la necesidad de manejar efectivo, facilitar el seguimiento de ventas y mejorar la información disponible para administrar su operación. Con registros consistentes, el comerciante también puede construir un historial de ingresos que le ayude a demostrar su actividad económica ante una institución financiera.
“La digitalización puede ampliar el acceso a los servicios financieros, pero sin educación, conectividad y protección contra el fraude también puede profundizar las desigualdades.”
Este último punto es especialmente relevante. La información generada por las transacciones puede contribuir a evaluar la capacidad de pago de personas y empresas que no cuentan con historiales crediticios tradicionales suficientemente amplios. Si se utiliza de manera responsable, puede ayudar a ampliar las posibilidades de acceso al financiamiento.
Pero existe una diferencia importante entre disponer de datos y convertirlos en mejores decisiones financieras. La calidad de la información, el consentimiento del usuario, la protección de sus datos y la capacidad de evaluar riesgos siguen siendo indispensables.
La infraestructura digital abre la puerta; la innovación financiera debe demostrar que puede convertirla en oportunidades reales.
La oportunidad para la banca y las fintech
La digitalización del dinero está modificando la competencia dentro de la industria financiera. Los bancos tradicionales, las instituciones de tecnología financiera y los nuevos participantes se enfrentan a un consumidor que exige operaciones más rápidas, procesos menos complicados y una experiencia consistente entre distintos canales.
Las sucursales seguirán teniendo un papel importante, particularmente para operaciones complejas, asesoría y atención a determinados segmentos. Sin embargo, una parte creciente de las interacciones puede resolverse digitalmente, desde consultar saldos hasta transferir recursos o contratar ciertos productos.
Este cambio permite a las instituciones replantear sus modelos de distribución. En lugar de competir exclusivamente por la ubicación de sus sucursales o el tamaño de su infraestructura física, pueden diferenciarse por la facilidad de sus procesos, la calidad de sus herramientas, la seguridad de sus operaciones y su capacidad para entender a cada cliente.
Para las fintech, el escenario ofrece oportunidades para atender necesidades específicas con soluciones más ágiles. Los pagos, la administración de gastos, el financiamiento a pequeñas empresas y las herramientas para mejorar la salud financiera son algunos de los espacios en los que la tecnología puede generar valor.
No obstante, crecer en el mercado digital no significa operar sin las obligaciones que corresponden a cada actividad. La innovación financiera requiere claridad regulatoria, controles adecuados, protección al consumidor y una administración responsable de los riesgos.
“El futuro de las finanzas no se definirá por quién tiene la aplicación más atractiva, sino por quién construye mayor confianza y resuelve mejor las necesidades del usuario.”
Desde una perspectiva directiva, la pregunta no debería ser qué producto digital lanzar para seguir la tendencia, sino qué problema del cliente se busca resolver y si la solución puede sostenerse económica y operativamente.
Una aplicación atractiva puede facilitar la captación de usuarios, pero la permanencia depende de algo más profundo: que las operaciones funcionen, que los costos sean transparentes, que el dinero esté protegido y que exista una respuesta eficaz cuando algo sale mal.
En una industria basada en la confianza, la experiencia del usuario y la solidez institucional no son objetivos separados. Se refuerzan mutuamente.
El efectivo, la informalidad y el desafío de la inclusión
Reducir la dependencia del efectivo también implica enfrentar una realidad estructural: una parte importante de la actividad económica mexicana se desarrolla en condiciones de informalidad.
Para numerosos trabajadores independientes y pequeños comerciantes, el efectivo permite realizar operaciones sin depender de infraestructura digital. En determinados contextos, también responde a limitaciones de conectividad, acceso a servicios financieros o familiaridad con las herramientas tecnológicas.
La digitalización puede contribuir a que estos negocios construyan registros más completos de sus operaciones y tengan mejores condiciones para acceder a servicios financieros formales. Sin embargo, no debe suponerse que aceptar pagos electrónicos basta para resolver los obstáculos de la informalidad.
Un pequeño negocio puede estar dispuesto a digitalizar sus cobros, pero también necesita comprender las comisiones, disponer de liquidez cuando la requiere y saber cómo actuar ante una transferencia equivocada o un intento de fraude. Si las herramientas resultan costosas, complicadas o poco confiables, la adopción puede estancarse.
Por ello, cualquier estrategia de digitalización debe combinar infraestructura, educación financiera e incentivos adecuados. El objetivo no es obligar a todas las personas a abandonar el efectivo, sino ampliar las alternativas disponibles y facilitar que cada usuario pueda elegir con información suficiente.
También es necesario considerar las diferencias territoriales y generacionales. Las soluciones diseñadas para una persona que utiliza diariamente aplicaciones bancarias pueden no responder a las necesidades de alguien que vive en una localidad con conectividad limitada o que apenas comienza a utilizar servicios financieros.
La inclusión no consiste en ofrecer exactamente lo mismo a todos, sino en diseñar mecanismos que permitan participar a quienes enfrentan barreras distintas.
Desde esta perspectiva, la digitalización del dinero debe evaluarse no solo por el número de operaciones procesadas, sino por su capacidad para incorporar a más personas y negocios a una economía formal, segura y productiva.
La seguridad será la moneda de confianza
A medida que aumenta la actividad financiera digital, también crece la importancia de proteger a los usuarios frente al fraude, la suplantación de identidad y los engaños que aprovechan la rapidez de las transacciones.
El riesgo no se limita a los sistemas tecnológicos. Muchas amenazas comienzan con mensajes falsos, llamadas fraudulentas o técnicas de manipulación que convencen a las personas de entregar sus contraseñas, códigos de verificación o información personal.
La transformación digital requiere, por tanto, una estrategia de seguridad que combine tecnología, procesos y educación. Las instituciones deben fortalecer sus mecanismos de autenticación, monitoreo de operaciones y detección de comportamientos inusuales, además de establecer procedimientos claros para atender reclamaciones e incidentes.
También es fundamental que los usuarios comprendan que una operación digital rápida no siempre puede revertirse con facilidad. Antes de autorizar una transferencia, deben verificar los datos del destinatario y utilizar únicamente los canales oficiales de su institución financiera.
Para los directivos del sector, la seguridad no debe considerarse exclusivamente un gasto de cumplimiento. Una falla puede generar pérdidas económicas, afectar la reputación y debilitar la confianza de los clientes durante mucho tiempo.
La protección de los datos merece la misma atención. Las transacciones generan información que puede utilizarse para mejorar productos, detectar riesgos y ofrecer servicios más pertinentes, pero su manejo debe respetar las obligaciones aplicables y los derechos de las personas.
El equilibrio consiste en aprovechar los datos para innovar sin convertirlos en una fuente de vulnerabilidad. Cuanto más digital sea la economía, más importante será demostrar que las operaciones pueden realizarse de manera confiable.
Trazabilidad: una oportunidad que exige equilibrio
La digitalización también tiene implicaciones para la administración pública y la formalización económica. Las operaciones electrónicas pueden facilitar la documentación de ingresos, mejorar la conciliación de pagos y generar información más precisa sobre las actividades comerciales.
En este contexto, el debate sobre la Ley de Economía Digital y las medidas propuestas para impulsar los pagos digitales plantea una transformación que va más allá de la industria financiera. La discusión involucra la recaudación, la transparencia, la competitividad de los comercios y la relación entre ciudadanos, empresas y autoridades.
Es importante distinguir entre una propuesta legislativa y una obligación vigente. Al 14 de octubre de 2026, la información pública consultada reportaba la aprobación de la propuesta en la Cámara de Diputados y su envío previsto al Senado para continuar el proceso legislativo. Por ello, su alcance definitivo y sus condiciones de implementación deben evaluarse conforme al texto que, en su caso, concluya el procedimiento legal correspondiente.
La trazabilidad puede contribuir a reducir espacios para ciertas prácticas ilícitas y mejorar la información disponible para las autoridades. Sin embargo, la digitalización no elimina automáticamente el fraude, la evasión o el lavado de dinero. Estos problemas requieren supervisión, investigación, controles y cooperación entre instituciones.
Tampoco debe confundirse mayor visibilidad de las transacciones con una justificación para tratar toda operación como sospechosa. Las medidas deben preservar la seguridad jurídica, la privacidad y la proporcionalidad, especialmente para personas y pequeños negocios que buscan incorporarse a la economía formal.
Para que la transición sea sostenible, las autoridades deberán generar reglas claras y previsibles, mientras que las instituciones financieras tendrán que facilitar el acceso a medios de pago seguros y asequibles.
La formalización funciona mejor cuando las personas encuentran beneficios concretos en participar y cuentan con condiciones que les permiten cumplir.
El siguiente paso: convertir pagos en oportunidades
La digitalización del dinero abre una oportunidad para replantear la relación entre los servicios financieros y el desarrollo económico de México. El país dispone de una infraestructura de pagos de gran escala, una industria financiera diversa y una población que ha comenzado a incorporar nuevas herramientas en su vida cotidiana.
Sin embargo, el avance todavía es desigual. La permanencia del efectivo en las compras pequeñas demuestra que la transformación depende de factores que van más allá de la tecnología: confianza, educación, conectividad, costos y facilidad de uso.
Para las instituciones financieras, el siguiente paso será desarrollar soluciones que respondan a necesidades concretas y que permitan a las personas administrar mejor sus recursos. Para los comercios, la digitalización puede representar una oportunidad para ordenar sus ingresos, mejorar su operación y construir un historial financiero. Para las autoridades, el reto consiste en impulsar la formalización sin crear barreras innecesarias para quienes todavía enfrentan dificultades de acceso.
La oportunidad también exige una visión de largo plazo. No basta con medir cuántas cuentas se abren o cuántas transacciones se procesan. Será necesario observar si las personas utilizan los servicios, si pueden resolver sus problemas con facilidad, si disminuyen las barreras de acceso y si los pequeños negocios logran obtener beneficios económicos tangibles.
El futuro financiero de México no estará definido por la desaparición absoluta del efectivo, sino por la capacidad de ofrecer alternativas que funcionen para una sociedad diversa. La digitalización será verdaderamente transformadora cuando una transferencia sea tan accesible para un pequeño comerciante como para una gran empresa, cuando pagar electrónicamente no implique asumir riesgos incomprensibles y cuando disponer de una cuenta se traduzca en mejores oportunidades para ahorrar, invertir y financiar proyectos.
En última instancia, el dinero digital es un medio, no un fin. Su valor se medirá por la confianza que genere, el tiempo que permita ahorrar y las oportunidades económicas que ayude a crear.
La próxima gran revolución financiera de México no consistirá solamente en mover dinero con mayor rapidez. Consistirá en lograr que más personas puedan participar, con seguridad y autonomía, en una economía que aproveche mejor sus recursos.
Fuentes de consulta
1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024. Principales resultados. Incluye datos sobre medios de pago, acceso a productos financieros y uso de servicios digitales.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2024/doc/enif_2024_resultados.pdf
2. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Comunicado de prensa conjunto: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024. Publicado el 13 de marzo de 2025. Presenta los principales indicadores de inclusión financiera y las diferencias por sexo.
3. Banco de México. Sistemas de pagos e infraestructuras de los mercados financieros: estadísticas del SPEI. Fuente para consultar el volumen y el valor de las transferencias electrónicas.
4. Banco de México. Mi SPEI: transferencias electrónicas. Información sobre el funcionamiento del sistema y los mecanismos de transferencia, incluidos Dimo y CoDi.
5. El País México. El Gobierno de México apuesta por digitalizar el dinero para reforzar la trazabilidad de su economía. Publicado el 12 de octubre de 2026. Contexto reciente sobre la propuesta de Ley de Economía Digital, la reducción del efectivo y las implicaciones para la formalización económica.
Nota editorial: Los indicadores de inclusión financiera citados corresponden a la ENIF 2024, mientras que las cifras del SPEI corresponden a septiembre de 2026. Las propuestas regulatorias mencionadas deben distinguirse de las disposiciones que hayan concluido su proceso legislativo y se encuentren vigentes al cierre de la edición.
